Obispos de Ecuador expresan “profunda preocupación” por sentencia que permite cambio de género en adolescentes
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) expresó su “profunda preocupación” por una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite a adolescentes solicitar el cambio de género en su cédula de identidad.
En un comunicado publicado el 13 de marzo, los obispos señalaron que el fallo “permite que adolescentes soliciten el cambio de género en su cédula de identidad”, lo que consideran delicado debido a las implicaciones jurídicas y personales de esta medida.
La sentencia 4-24-CN/26, que fue emitida el 5 de febrero de 2026, introduce —según el episcopado— “una interpretación que permite a adolescentes (desde los 12 años) adoptar una decisión jurídica de carácter permanente en una etapa de desarrollo personal todavía marcada por procesos de formación de identidad”.
El fallo responde a una consulta sobre el artículo 94 de la Ley de Gestión de Identidad, que establece que el cambio de sexo registral solo puede hacerse a partir de los 18 años. El caso surgió cuando un adolescente solicitó el trámite en el Registro Civil con apoyo de su familia, pero fue rechazado por aplicarse automáticamente esa norma.
Los obispos subrayaron que la normativa vigente establece que la rectificación del género en la cédula puede realizarse “una sola vez”, lo que “convierte esta decisión en un acto esencialmente irreversible”.
Para la Conferencia Episcopal, permitir que menores adopten este tipo de decisiones “genera graves riesgos para su desarrollo integral”. En el comunicado recuerdan que la adolescencia es una etapa de formación en la que “la personalidad y la identidad aún se encuentran en proceso de consolidación”.
“Por ello, aun cuando exista el acompañamiento de tutores o el parecer de expertos, no puede afirmarse que los adolescentes cuenten con la madurez suficiente para asumir decisiones jurídicas permanentes que afectarán de manera profunda y duradera su vida futura”, señalaron.
Los obispos también destacaron que la decisión de la Corte Constitucional fue tomada por una mayoría estrecha. Según el comunicado, cuatro jueces constitucionales presentaron votos salvados, en los que “advierten graves inconsistencias jurídicas en la decisión adoptada”.
Entre los puntos señalados en esos votos, mencionaron la “ausencia de autonomía plena en los adolescentes”, ya que —según el texto— “los menores de edad no poseen la madurez suficiente para adoptar decisiones jurídicas permanentes que comprometen su identidad legal futura”.
Asimismo, recordaron el principio de la “protección del interés superior del niño”, que exige que las decisiones del Estado privilegien “la protección integral de los menores frente a riesgos que puedan afectar su desarrollo”.
El comunicado también cuestiona que la Corte haya interpretado una norma que, según los obispos, corresponde regular al poder legislativo. En ese sentido, señalan que el artículo 94 de la Ley de Gestión de Identidad “es claro en reservar el cambio de género a mayores de edad”.
“Corresponde al legislador, en un debate amplio y técnico, establecer los límites y condiciones de este tipo de cambios jurídicos, y no a la Corte Constitucional alterar el sentido de la normativa vigente”, indicaron.
La Conferencia Episcopal advirtió además que actualmente existe otro proceso en la Corte Constitucional que podría ampliar el alcance de este tipo de decisiones. Se trata del caso 1313–19–JP, conocido públicamente como Caso Amada, que analiza la posible rectificación de nombre y sexo en documentos de identidad de un niño de corta edad.
“Mientras la sentencia reciente se refiere a adolescentes, este nuevo caso podría abrir la puerta a decisiones similares respecto de niños”, alertaron los obispos.
Ante esta situación, la Iglesia en Ecuador hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para reflexionar “con prudencia sobre las consecuencias jurídicas, sociales y humanas de este tipo de decisiones”.
Los obispos instaron especialmente a la Asamblea Nacional a “ejercer plenamente su competencia legislativa y establecer con claridad los límites y garantías necesarias para proteger a los menores de edad”.
También pidieron a las autoridades del Estado adoptar políticas que prioricen “la protección integral de la niñez y adolescencia” y exhortaron a las familias y a la sociedad ecuatoriana a permanecer “vigilantes en la defensa del interés superior de los niños y adolescentes”.
“La protección de la niñez y de los adolescentes exige responsabilidad, prudencia y un compromiso firme con la dignidad de cada persona”, concluye el comunicado.
