Argentina y Paraguay acordaron negociar el peaje de la hidrovía
El Gobierno argentino se comprometió a no imponer embargos o interdicciones judiciales a las embarcaciones de los países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial. Brasil, Bolivia y Uruguay apoyan la postura paraguaya.
El conflicto de la hidrovía Paraná-Paraguay por el peaje que cobra la Argentina en el tramo que administra el Estado nacional y que rechazan los países vecinos entró en negociaciones tras la reunión extraordinaria que mantuvo el miércoles el Comité Intergubernamental de este curso de agua central en el comercio regional de granos.
Según se confirmó en las últimas horas, Argentina se comprometió a no imponer embargos o interdicciones judiciales a las embarcaciones de los países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía por 60 días.
Es que la detención y posterior multa por parte de los argentinos a una serie de buques extranjeros que se negaron a pagar peaje –algunos de bandera paraguaya, pero dueños brasileños– aumentó muy fuertemente la tensión regional.
Sobre todo de parte del gobierno de Santiago Peña contra la Argentina y que escaló a varias puntas. Aun así, tanto Brasil, Bolivia y Uruguay, todos vecinos de la hidrovía, acompañan a Paraguay en el rechazo del peaje.
«Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, como países firmantes del Acuerdo de Hidrovías, cuestionan el cobro del peaje a la luz de los procedimientos y parámetros definidos en ese instrumento internacional», empieza diciendo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras la reunión extraordinaria que se hizo el miércoles en embajada brasileña en Buenos Aires, bajo la misión de su representante, Julio Bitelli, ya que ese país ejerce la presidencia pro tempore de la hidrovía, contemplada en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Suspensión
«Con miras a crear condiciones para la continuación de las negociaciones entre los países, Argentina acordó, según consta en el acta, suspender por 60 días el recurso a la Justicia por el cobro de montos supuestamente adeudados, mediante la interdicción de embarcaciones de otros países», informó el comunicado de la reunión, según publicó Clarín. Participaron: por Brasil, la secretaria de América Latina y el Caribe de Brasil, Gisella Padován; por Argentina, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gabriel Fuks; por Paraguay, la vicecanciller Patricia Frutos Ruiz; por Uruguay, el embajador Carlos Enciso, y por Bolivia, la directora de Límites de Frontera, Marissa Castro Magnani.
Impuesto hace un año cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar el control de la hidrovía, pero vigente desde principios de año, los buques que salen de puertos extranjeros con la bandera que sea deben pagar 1,47 dólares por tonelada registrada cuando navegan el tramo Santa Fe-confluencia del Paraná con el Paraguay; y pagan 1,47 pesos de tonelada registrada cuando salieron de puertos nacionales.
